La encuesta de Datum en la provincia de Islay revela que la mayoría está de acuerdo con el proyecto Tía María y se percata de los beneficios que traerá, incluyendo trabajo, canon y desarrollo en general. Un 67% piensa que la construcción de la represa ofrecida por la empresa minera traería más agua para el valle de Tambo. El rechazo se centra en el distrito de Cocachacra (uno de seis distritos), donde, por ejemplo, un 50% piensa que no es cierto que con tecnología moderna se controlaría la contaminación de la mina. Salvo en Cocachacra, la gente tiene una mejor opinión de la Southern que de los dirigentes que se oponen al proyecto, pese a que, al mismo tiempo, un 70% opina que los funcionarios de la Southern fueron soberbios y altaneros con la población de Islay por lo que deberían disculparse. ¿Cómo es posible que la minoría pueda imponerse tan fácilmente a la mayoría? Porque, como siempre, quienes se oponen están organizados y quienes no se oponen, al tener un interés más difuso, no lo están. Esto no es necesariamente antidemocrático. En Estados Unidos, los lobbies responden al mismo principio: son minorías activas que consiguen ventajas eventualmente a costa de los demás. Pero están regulados. Su labor es legal. Aquí esas minorías usan métodos violentos y hasta delictivos -bloqueos- y boicotean los procedimientos legales para decidir o rechazar una inversión como esta, que incluyen audiencias cuya realización sencillamente impiden. Es la dictadura de una minoría contra la que, hasta ahora, la mayoría no puede rebelarse. Pero hay otros factores. Si hubiese partidos nacionales, podrían organizar a la mayoría pasiva. No los hay. Lo que hay son solo apetitos políticos locales -estimulados por la proximidad electoral-, por lo demás absolutamente desconectados de toda estructura partidaria nacional, o incluso regional, que los atempere: pequeños caciques políticos locales que no pertenecen a partido nacional ni movimiento regional alguno, de modo que no hay manera de introducir el interés nacional y ni siquiera regional en la discusión. El sistema de representación tampoco ayuda. Islay no tiene un congresista. Estos se eligen a nivel regional, no provincial. No existe, entonces, una correa de transmisión efectiva de las preocupaciones de la población que hubiese permitido, por ejemplo, civilizar la relación de la empresa con la gente.El Estado, a su vez, es débil. No tiene capacidad de proponer a los agricultores una ilusión, una visión, un proyecto que aproveche la mayor cantidad de agua que provea la represa y los recursos del canon venidero. Y como tampoco puede desalojar la carretera, termina cediendo ante la fuerza, avalando el rompimiento de la ley. Es el Estado contra el Estado, señala Jaime de Althaus.