El presidente Alejandro Toledo está directamente interesado en que la polémica ley que iguala el arresto domiciliario con la prisión efectiva sea derogada a través del Parlamento, según reveló ayer el embajador del Perú en España, Fernando Olivera Vega.Sin duda, esto significa un giro de 180 grados en la actitud del Mandatario, pues cuando tuvo en sus manos la oportunidad de observar dicha norma, no lo hizo, y más bien dejó que el Congreso la promulgara.El líder del FIM señaló que había hablado con el presidente Toledo y que los parlamentarios de su grupo político y de PP van a exigir que se derogue la ley o se contemple una alternativa, que puede ser cinco o cuatro días de arresto domiciliario por un día de prisión efectiva. Aunque no exculpó a los legisladores del FIM por haber aprobado la polémica ley, acusó al APRA de tener intereses creados y vínculos con la mafia fujimontesinista a través de Agustín Mantilla. Además, se preguntó si la norma no "beneficia" a otros prominentes legisladores de Unidad Nacional. Luego de esgrimir el argumento de que "Toledo no es abogado y no maneja temas jurídicos", agregó que existió un problema de asesoría y advirtió que ya habrá oportunidad de deslindar responsabilidades.