La actuación de las autoridades en el caso BTR es reprobable, por decir lo menos. Ha transcurrido un año y medio desde que se hizo público que un grupo de ex marinos se dedicaba a espiar llamadas telefónicas de empresarios y políticos, y del descubrimiento de los llamados "petroaudios", y lo único que se ha logrado son acusaciones entre jueces, fiscales, policías y congresistas, precisamente los funcionarios que a esta altura deberían estar actuando en coordinación para esclarecer la más grave denuncia de corrupción en este Gobierno.Estamos cansados de escucharlos denunciándose y de acusarse mutuamente por la desaparición de pruebas, y también estamos muy preocupados porque hasta ahora se ha soslayado el asunto más importante: la divulgación del material que sea útil para esclarecer los hechos y de esa manera determinar, de una vez por todas, si miembros del Gobierno están implicados en actos de corrupción, y conocer también quiénes financiaron el "chuponeo".En tanto, los investigados por irregularidades siguen tejiendo maniobras, cual si fueran telarañas, para enredar declaraciones y pruebas, y así dilatar la resolución de un asunto de absoluto interés nacional, mientras que los mencionados en las conversaciones grabadas han escogido como mecanismo de defensa el desprestigio de sus acusadores.El Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional y el Congreso de la República están trabajando con una incapacidad que raya en lo ridículo. En el caso del Parlamento, ¿cómo es posible que no haya tenido la capacidad de debatir los informes de las comisiones Abugattas y Luizar? Lo que da pie a que los propios legisladores generen especulaciones y tesis, algunas realmente absurdas. Pero en medio de esta inoperancia y confusión van quedando algunas cosas claras. Primero, que el presidente de la república debe mantenerse al margen de los negocios que se realicen en el país para evitar cuestionamientos a la institucionalidad del Estado. Esto significa que se debe evitar, en la medida de lo posible, que todo empresario que llega al país tenga que pasar necesariamente por Palacio de Gobierno. Segundo, debemos lograr que las actividades de lobby empresarial sean más transparentes y que los gremios empresariales respalden esta tarea. Tercero, todo el país debe estar unido contra la corrupción. Y cuarto, que si no hubiese sido por el periodismo, este caso hubiera quedado quizá como una denuncia más de corrupción.
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