"La muerte de las personas no puede ser vista como un costo aceptable de los conflictos sociales. No debe haber más muertos en estas circunstancias", señaló la defensora del Pueblo Beatriz Merino sobre las consecuencias que pudiera ocasionar el paro minero en la provincia de Islay, región Arequipa.Merino Lucero informó que el defensor adjunto para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad, Rolando Luque, ha pedido al Ministerio de Energía y Minas y al del Interior que consideren la apreciación de la Policía Nacional sobre la situación social de esta zona, y se tome en cuenta que el uso de armas letales solo está permitido en circunstancias específicas. También recordó a la población que el bloqueo de carreteras, la destrucción de la propiedad o la restricción a los derechos de las personas constituyen ilícito penal.