MAYOR PENA POR IMPEDIR FUNCIONES DE AUTORIDADES

El pleno del Congreso aprobó ayer por mayoría aumentar la sanción de pena privativa de libertad a no menos de dos años a quienes mediante la violencia o amenaza de violencia impidan a una autoridad elegida asumir o ejercer sus funciones.La iniciativa, propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se aprobó con 53 votos.El artículo 369 del Código Penal aprobado, referido a la violencia contra las autoridades elegidas, señala: "El que mediante la violencia o amenaza, impide a una autoridad elegida en un proceso electoral general, parlamentario, regional o municipal juramentar, asumir o ejercer sus funciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años".