Nadie en el país, de eso no tenemos dudas, es capaz de precisar cuántas veces han sido bloqueadas las carreteras del país para lograr reivindicaciones que, así sean justas, son rechazadas por el conjunto de la población que sufre los perjuicios económicos y sociales de la radical medida. Ahora han sido mineros informales los que interrumpieron el libre tránsito de pasajeros y mercancías por la Panamericana Sur, en una acción que se pudo haber evitado si el Gobierno hubiera ejercido el principio de autoridad desde el momento en que decidió enfrentar la informal explotación de oro, negocio que a larga termina siendo ilegal.Y es que esta historia tiene un inicio lejano: en junio del año pasado el Ministerio de Energía y Minas suspendió -precisamente tras la amenaza de una huelga - por 60 días la aplicación de seis artículos del reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que fiscalizan y sancionan las infracciones en este sector, para que un grupo del Poder Ejecutivo y la Federación de Mineros Artesanales proponga el adecuado desarrollo de las actividades mineras artesanales.La voluntad de diálogo no se concretó, lo que se usó como argumento para la huelga que iniciaron el domingo último los mineros en contra del Decreto de Urgencia 012-2010, que declara de interés nacional el ordenamiento minero en el departamento de Madre de Dios, pero que tenía plazo de un año para entrar en vigencia.Ahora bien, cuando el problema va creciendo, cual si fuera una bola de nieve, y el Gobierno se encuentra sin capacidad para resolverlo, cede ante los agresores. De esta manera, los responsables del caos y las muertes quedan libres, bajo orden de comparecencia, que ojalá cumplan.En tanto, la minería ilegal seguirá operando y contaminando, explotando inmisericordemente a niños y mujeres, y aliada a ciertas empresas formales, capaces de aceptar la podredumbre para amasar ingentes ganancias.Por tanto, es necesario conocer cómo se comercializa la producción, sobre todo la de oro, y sancionar a las compañías formales involucradas. Pero también es necesario que el Estado fiscalice otros sectores de la economía, para así castigar a todos por igual y no actuar con guantes blancos en otros casos.
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