El levantamiento de la huelga de la minería informal marca un tranquilizador punto de inflexión en la coyuntura política. No olvidemos que este conflicto social amenazaba con quemarle las manos al gobierno. La suspensión del Estado de Emergencia en algunas regiones y la creación de una comisión de formalización reubican las diferencias entre el Ejecutivo y los mineros artesanales en el lugar ideal, el de una mesa de diálogo. De aquí debe salir, en el corto plazo, una norma consensuada que evite tanto los desbordes de violencia de la población descontenta como los exabruptos de la represión policial.Cierto es que el desastre ambiental causado por la expansión de la minería informal en Madre de Dios amerita un reordenamiento y una regulación estricta del Estado. Sin embargo, la dación del decreto de urgencia 012 - 2010 parecía no haber estado dotada de un plan de persuasión social y de contención policial que aísle y neutralice a los potenciales actores de la violencia. Hoy el gobierno tiene una nueva oportunidad para demostrar que una democracia se consolida en la medida que es capaz de domesticar el conflicto.En esa perspectiva, el diálogo abierto entre el Ejecutivo, la Federación Minera de Madre de Dios y la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) debe servir para arribar a acuerdos sin sacrificar la protección del medio ambiente. Se pueden modificar los plazos que el DU establecía, otorgar facilidades, corregir errores y precipitaciones, incluso buscar mecanismos de compensación para mitigar el impacto social que la formalización conlleva, pero lo que no se puede tolerar es la salvaje deforestación de los bosques primarios, la contaminación de los ríos con mercurio, la sobreexplotación laboral, el trabajo infantil y la millonaria evasión de impuestos.Siguiendo esa línea de pensamiento, el Ejecutivo no debería transar en cuanto a la aplicación de sanciones contra las empresas que promueven la minería ilegal (vendedores de dragas, combustibles, explosivos, sustancias químicas). En manos del premier Javier Velásquez Quesquén está ahora la tarea de convencer a la dirigencia de los mineros informales.El Estado debe escucharlos, pero no tiene por qué dar marcha atrás en su objetivo de formalizar esta irregular actividad extractiva. Por otro lado, ante los hechos luctuosos de Chala, es necesario señalar que, en una democracia, la imposición de la legítima autoridad del gobernante nunca debería implicar la eliminación física de quien altera el orden interno, aunque sí la aplicación de mecanismos disuasivos que respeten la vida y los derechos humanos.