No nos confundamos. Lo que ocurre en Chala no es lo de Bagua. No son nativos reclamando sus derechos sobre la Amazonía de la que viven y han vivido por décadas. Tampoco son pequeños empresarios que dan empleo y pugnan por salir adelante. Los involucrados están vinculados al tráfico ilegal de oro, a matones que dañan el ambiente y mal utilizan a los pobladores que viven de sus pagos exiguos. Tienen dinero para comprar dragas, que valen entre 500 mil y 1 millón de dólares, y para financiar paralización de carreteras, generando desabastecimiento y especulación. Se afecta el comercio exterior, el turismo, la imagen de Arequipa y la del país. No es solo un tema de minería informal; es mafia, es tráfico ilegal de minerales no declarado y procesado con mercurio que contamina ríos, es monopolio y explotación de mineros obligados a venderles oro; no pagan canon ni declaran sus ingresos reales. Es hora de mostrar mano firme y apoyar al Gobierno en este esfuerzo de ordenar la minería e investigar quienes están del lado del Perú y quiénes solo miran sus bolsillos llenos de mercurio y oro, señala el ex ministro Alfredo Ferrero.