La promulgación por parte del Congreso de la ley que computa los días de arresto domiciliario como parte de la pena de prisión efectiva ha originado una crisis en el gobierno, azuzada por el líder del FIM y aliado del gobierno, Fernando Olivera, quien culpó a los miembros del gabinete por "mal asesorar" al jefe de Estado en este tema.(edición domingo).