Al margen de la demencia subversiva de una masa populachera articulada por personajes inescrupulosos que se autotitulan "mineros informales", resulta inaceptable la actitud del dirigente "nacionalista" Ollanta Humala quien ha salido a justificar tamaña asonada, so pretexto que las leyes están hechas para someter al pueblo.Pero, ¿en qué se basa este caballerito para sostener tamaño brulote? En que, a su criterio, resulta abusivo que el Estado no permita al populorum hacer lo que le dé la gana. Como por ejemplo, robarse tierras -que son de todos los peruanos- para explotarlas, extrayendo oro a expensas de devastar el medio ambiente al recurrir al uso de venenos letales como el mercurio, materia prima que se aplica empíricamente para producir barras de oro a partir de yacimientos auríferos primitivos que se ubican alrededor de la selva. Es evidente que quienes se dedican a esta actividad experimental se encuentran al margen de toda legislación y fuera de cualquier control del Estado. Son los capos ilegales que envenenan en forma indiscriminada la selva con químicos altamente tóxicos para llenarse de oro los bolsillos. Hablamos de "empresarios" silvestres acostumbrados a operar al amparo de ley de la selva, viles explotadores que en forma eufemística se hacen llamar "mineros informales". Es una mafia de jefes incógnitos que "para evitar que el Estado formalice una actividad a todas luces ilícita", ha tenido el atrevimiento de azuzar a miles de humildes peruanos a la toma de carreteras, convirtiéndolos en cómplices de la muerte de gente humilde como aquella señora que falleció de un infarto encerrada en un bus porque el bloqueo de las pistas impidió que llegue a salvarla una ambulancia. Pero, ¿quién apoya a estos jerarcas indeseables llamados “empresarios mineros informales”? El zurdo Ollanta Humala. Es decir, la ultra respalda a los patrones aventureros que le han robado millones de hectáreas –en plena selva virgen– al Estado peruano; a los abusadores que se esconden en el anonimato; a los delincuentes que engañaron a miles de humildes trabajadores informales enviándolos como carne de cañón a la asonada arequipeña; a los aprovechadores que obligan a gente pobre a laborar en condiciones infrahumanas a cambio de pesetas lavando yacimientos auríferos -sin denuncio legal alguno- y a cuerpo descubierto; es decir, usando esa ponzoña llamada mercurio que no sólo anula para siempre las aguas y la tierra que contamina, sino que acaba matando a los peones que la usan por orden de los "empresarios mineros" ilegales. Y uno se pregunta, tanto apoyo humalista a los capos de la minería ilegal, ¿acaso puede ser gratuito?Y encima el humalismo, que aspira a gobernarnos, denuncia que las normas que penalizan la toma de carreteras y el daño a la propiedad pública y privada están hechas para evitar la protesta del pueblo peruano. Un poco más de respeto al estado de derecho, por favor. Acá y en la Cochinchina el caos está penado. Seria y gravemente penado. Porque de lo contrario la sociedad acabaría destruida por aquellos grupos extremistas -con los que parece simpatizar tanto el ollantismo-, que insisten en aprovecharse de la democracia para gobernar al amparo del chantaje de su fuerza bruta. Fuerza bruta con la que se identifica Ollanta Humala al criticar las leyes que están hechas para convivir en orden y libertad. Y no en desorden y amenaza latente, como vemos que sería un hipotético -y nunca deseado- régimen humalista.
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