El país tiene que condenar con toda energía el paro de protesta que de manera intransigente han iniciado en Madre de Dios y otras regiones un grupo de mineros ilegales, y que hasta el momento ha causado media docena de muertes, además de innumerables heridos y detenidos. Sin embargo, como viene sucediendo en los últimos años en el país, estos hechos ratifican la urgencia de restablecer el diálogo para resolver el conflicto antes de que se agudice.Después de lo sucedido en Bagua, todo indica que no hemos aprendido la lección y que la resolución de los problemas sociales sigue siendo una tarea esquiva e inconclusa.El turno ahora es de este grupo de mineros que se presentan como artesanales, pero que en realidad formarían parte de una organización ilegal, integrada presuntamente tanto por negociantes peruanos como extranjeros, que se aprovecha de la falta de control fronterizo en la zona de Madre de Dios. En su accionar cuentan con el apoyo de irresponsables dirigentes y algunas autoridades municipales y regionales.Así, y sin interesarles las graves consecuencias de la violencia que están generando, han pretendido imponer al Gobierno Nacional la derogación de normas que consideran lesivas, para lo cual han bloqueado carreteras -aunque es un delito hacerlo- y afectado a viajeros que no tienen ninguna responsabilidad en el conflicto, así como al transporte de carga.Nada han dicho, en cambio, del daño ambiental que sus actividades informales están provocando en perjuicio del ecosistema y las reservas naturales: 18 mil hectáreas han desaparecido, otras 400 mil corren el mismo riesgo, sin contar la contaminación de los ríos, producto del mercurio que utilizan en cantidades que superan los límites permitidos por la OMS. El Comercio no solo ha denunciado repetidamente el uso indiscriminado del mercurio en los ríos de Madre de Dios, sino el entorno viciado de explotación sexual, trata de personas y la economía subterránea que se mueve en la minería ilegal de la zona. ¡Qué decir de la evasión de impuestos en la que incurren; además de no pagar salarios justos, seguros ni jubilaciones!.Como ha expresado el ministro del Ambiente, Antonio Brack, aquí no está en juego el derecho al trabajo ni el desarrollo de la pequeña minería. Estamos, más bien, frente a actividades extractivas que han dejado de ser artesanales y que son financiadas por capitales de dudosa procedencia, que las proveen de maquinarias costosas (una draga puede costar medio millón de dólares y un removedor de tierra unos 300 mil dólares, aproximadamente), con las cuales están devastando el medio ambiente. Por esto, el Gobierno ha hecho bien en decretar el estado de emergencia en las zonas en conflicto para instaurar el orden, sancionar a quienes contravienen la ley al restringir el libre tránsito e investigar si en esta protesta hay infiltración o manipulación política, proveniente de sectores interesados en azuzar a los mineros artesanales y llevar agua para su molino en este año electoral. No obstante, para no repetir la dolorosa experiencia que significó Bagua, su responsabilidad es convocar al diálogo antes que la sangre llegue al río. Esto no significa doblegarse ante las presiones de los manifestantes, sino demostrar al país que el Gobierno está dispuesto a solucionar los problemas a través de la negociación. Vale señalar que quienes protestan no han presentado hasta ahora una alternativa de solución, que debería darse a conocer en una mesa de diálogo abierta, en la que participen todos los ministerios involucrados, dentro de una estrategia que permita atacar el problema desde la raíz y desde todos los frentes: social, laboral, ecológico, económico y presupuestalmente; en definitiva, que ratifique la presencia del Estado.Sería nefasto que este conflicto, como otros, creciera al punto de hacerse inmanejable, algo que solo beneficiaría a los defensores de esta minería salvaje e inhumana.