El proyecto de la central hidroeléctrica de Inambari y, en general, los cinco megaproyectos hidroeléctricos que el gobierno tiene planeado desarrollar con empresas brasileñas, así como el Acuerdo de Integración Energética entre Perú y Brasil, el cual será el marco legal para estos proyectos, sigue ocasionando rechazo entre representantes de la sociedad civil.Ayer, organizaciones no gubernamentales (ONG), que defienden el medio ambiente y los derechos de los pobladores de las zonas afectadas por este tipo de proyectos, expresaron su preocupación por el proyecto de texto final de dicho tratado, el cual fue remitido por la cancillería peruana al gobierno brasileño el 17 de febrero pasado."El inminente ´Acuerdo para el suministro de Electricidad al Perú y Exportación de Excedentes al Brasil’ que se suscribirá próximamente (el gobierno ha prorrogado su firma hasta fines de junio próximo) nos genera serias preocupaciones económicas, sociales y ambientales, que alimentarían los conflictos en nuestra economía", advierten, en alusión a los efectos que causará la gran inundación de la represa Inambari, tanto en el medio ambiente como en la población y en la carretera Transoceánica Sur, "sin haber definido antes nuestras prioridades nacionales".
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