Así como el Gobierno Central parece haber comenzado "a jugar para la tribuna" con anuncios y decisiones que afectan la caja fiscal y ponen en aprietos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), algunos gobiernos regionales parecen haber tomado nota de esa conducta y amparados en una malentendida autonomía, están aprobando o evaluando medidas que además de no corresponder a sus funciones, resultan descabelladas. La cercanía de las elecciones municipales y regionales sería la causante.El Consejo Regional del Cusco ha declarado como área de no admisión de denuncios mineros a todo el territorio de ese departamento y el Consejo Regional de Cajamarca haría lo mismo si el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no suspende el otorgamiento de denuncios mineros allí. Aunque el presidente del Gobierno Regional del Cusco, Hugo González, se opone a la disposición, su explicación de la forma en que actúa el Consejo Regional resulta inverosímil: "A partir del 2007, se maneja con autonomía. Son una especie de poder independiente así como el Ejecutivo y el Congreso".Ese es precisamente el fondo del problema. Los gobiernos regionales, sus organismos y sus autoridades están asumiendo que poseen una independencia que en realidad ninguna norma les ha concedido. Gran parte de la responsabilidad recae en el Gobierno Central y sus representantes, que erróneamente siguen llamando "regiones" a los departamentos, generando con ello grandes malentendidos respecto a las atribuciones que en materia legislativa, normativa y regulatoria tienen los gobiernos regionales.La relativa rapidez con que los gobiernos regionales han recibido ciertas facultades también explica su confusión respecto a lo que pueden y lo que no pueden hacer, así como sus debilidades para manejar sus recursos. Por ejemplo y pese a sus dificultades para ejecutar un gasto eficiente, ni Cusco ni Cajamarca están en condiciones de prescindir del canon que genera la minería (S/. 147.7 millones y S/. 235 millones, respectivamente, el 2009). De hecho, los reclamos por más recursos son cotidianos y, de momento, la capacidad de los gobiernos regionales para autogenerarlos es muy modesta. Y es claro que no lo harán mejor si se concentran en entorpecer la inversión.
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