El mal ya está hecho. La cuestionada ley que contabiliza el arresto domiciliario como prisión efectiva rige desde hoy y aunque el Congreso, ante la presión pública, decida modificar o derogar la norma, con la sospechosa rapidez que tuvo para aprobarla, los sentenciados y procesados por corrupción podrían seguir aprovechándose de sus beneficios y salir libres antes de lo previsto.El ex procurador adjunto Ivan Meini advirtió que aunque en unas semanas la norma sea derogada, muchos condenados podrían decir: "yo ya adquirí un derecho cuando esa ley entró en vigencia, que se derogue luego, no tiene por qué perjudicarme"."Ese sería un criterio que algunos vocales podrían tomar para decir que aun cuando la Ley ya ha sido derogada, cuando estuvo en vigencia otorgó un derecho a los condenados, que no se puede dejar de reconocer", remarcó en diálogo con Perú.21. Meini precisó que el beneficio se aplicará a los condenados y no a los procesados, como Laura Bozzo o Margarita Toledo, hermana del mandatario. Sin embargo, reconoció que algunos vocales podrían aplicar la eventual norma derogada a todos en general, sentenciados o no. Meini además no cree en la voluntad de los congresistas para derogar la disposición legal.