Si se busca al responsable de por qué el Ejecutivo no observó en su momento la controvertida ley del Congreso que contabiliza el arresto domiciliario como prisión efectiva, no se podrá culpar al Ministerio de Justicia.Y es que el 21 de junio, a pedido de la misma Ofician de Asuntos Jurídicos de la PCM, la cartera a cargo de Eduardo Salhuana recomendó al Premier Carlos Ferrero no sólo que no dejara pasar la norma aprobada en el Legislativo, sino que la modificara con una propuesta "equilibrada y pertienente".