A pesar que sectores industriales habían tomado con entusiasmo la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en la medida que los protegía de la entrada de productos con dumping, y en especial que llamaba la atención al gobierno por no establecer mecanismos de consulta con los sectores afectados en la rebaja o eliminación unilateral de aranceles, el gremio más importante del país, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), rechazó la sentencia y reivindicó la potestad del presidente de la República de regular las tarifas arancelarias invocando el artículo 118 de la Constitución.Para la Confiep, "el Tribunal Constitucional realiza un análisis parcial y descontextualizado de la economía y en la práctica priva al Poder Ejecutivo de su competencia de dictar la política comercial y las normas de carácter arancelario, generando un precedente jurídico peligroso".El gremio, en el comunicado público que emitió ayer, señala que expresa el rechazo del empresariado en su conjunto y que el Tribunal ha excedido los alcances reservados para un proceso de amparo y genera inseguridad jurídica.