Se veía venir. Ante los polémicos fallos del Tribunal Constitucional (TC) sobre diversas materias -como la distribución de la píldora del día siguiente y la reducción de la tasa arancelaria para el cemento-, considerados por algunos sectores como una intromisión en las funciones del Ejecutivo y del Parlamento-, en ambos poderes del Estado se anunció la presentación de proyectos de ley para limitar las competencias del referido órgano jurisdiccional.Fue en el Parlamento, sin embargo, donde el presidente de la Comisión de Justicia, Rolando Sousa, ingresó a trámite ayer mismo una iniciativa, con aval multipartidario, para establecer que "en ningún caso el TC, vía interpretación, podrá modificar el contenido normativo o sentido" de la legislación. Agrega, en consecuencia, que, en caso de advertir alguna insuficiencia normativa que determine una declaratoria de inconstitucionalidad, el TC deberá ponerlo en conocimiento del Congreso para que sea este el que, dentro de un plazo razonable, dicte las medidas legislativas que correspondan.