La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington realizó ayer una audiencia pública en la que participaron varios representantes de diferentes ministerios del Estado Peruano, quienes, pese a las condiciones que aún presenta la ciudad minera de La Oroya, pidieron a la CIDH levantar las medidas cautelares pedidas por pobladores de esta ciudad en noviembre del 2005.Delia Muñoz, procuradora pública especializada supranacional que ve los temas de defensa del Estado Peruano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, indicó que los reclamos de los pobladores hechos a la CIDH han sido satisfechos en su integridad, por lo que las medidas cautelares solicitadas a esta organización deberían levantarse. Al respecto explicó que el Gobierno tiene controlada y cubierta la atención en salud para casos de contaminación ambiental.