Límites, igualdad de condiciones, respeto a las normas y precios. Una y otra vez se han repetido estos términos a lo largo de la semana pasada. El debate surgió luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera un fallo en el que se restituye el arancel del 12% a la importación de cemento (y del clincker, materia prima del cemento).Por un lado, se produjo un gran revuelo en el despacho del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que sintió afectadas sus funciones y, por otro lado, se reavivaron los reclamos de variadas industrias que, desde hace dos años, también se sentían perjudicadas por la eliminación de aranceles.El mandato del TC dispone que el artículo 2º del Decreto Supremo 158-2007-EF, publicado en octubre del 2007, quede sin efecto y ordena a la Sunat que proceda a cobrar el 12% de arancel al cemento importado. De esta manera declara fundado el pedido que le hiciera la empresa Cementos Lima y le dice al MEF que su proceder fue equivocado.Las reacciones de los afectados fueron inmediatas y los cuestionamientos al dictamen fueron tanto por el fondo como por la forma.¿QUIÉN MANDA AQUÍ?La titular del MEF, Mercedes Aráoz, aseguró que el TC estaba interviniendo en decisiones de política económica que, según la Constitución, son competencia del Poder Ejecutivo, y no del tribunal. Además, dijo, la reducción del arancel se dio para atender una necesidad pública, y no por intereses particulares de una empresa.