DEBEMOS RESGUARDAR LA INSTITUCIONALIDAD
18 de marzo de 2010

Líos políticos como el generado por el indulto a José Francisco Crousillat no solo afectan a las autoridades involucrados en ellos, en este caso a un ministro de Estado y al propio presidente de la República, sino que golpea, y fuertemente, la institucionalidad del país. Una vez anulado el indulto y cesado Aurelio Pastor del Ministerio de Justicia, aparentemente ha cesado la tormenta, que seguramente terminaría de amainar con la captura del prófugo empresario. Sin embargo, tendríamos que prepararnos porque solo en el mediano y largo plazo se pueden apreciar los daños que causan acciones erradas como la comentada. Los peruanos ya sabemos que la fragilidad de las instituciones afecta directamente la marcha de la economía, pues las inversiones huyen de países que no dan seguridad jurídica. Si bien nuestro país cuenta con grado de inversión, otorgado por entidades como Moody´s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, la poca institucionalidad y los vaivenes políticos son los puntos más bajos en la calificación a la que es sometido. En consecuencia, cada vez que nos envolvemos en líos como el de Crousillat, es como si intencionalmente nos estuviéramos disparando a los pies para no seguir avanzando. Hasta ahora estamos resistiendo, pero si continuamos por esta senda de equivocaciones, que en algunos momentos parecieran actos cometidos voluntariamente, el ruido político puede terminar afectando a la economía. A lo anterior hay que agregar la reacción del Ministerio de Economía contra el fallo del TC que restituye los aranceles al cemento importado. Es indudable, tal como Gestión ya se ha pronunciado, que la sentencia no tiene ni pies ni cabeza, pero eso no debe llevarnos a expresar que el Estado podría acudir a tribunales internacionales para resolver la desavenencia. En consecuencia, el presidente de la República no solo tiene el deber de encaminarnos hacia el crecimiento económico, sino de resguardar la credibilidad del país mediante el fortalecimiento de sus instituciones, y creemos que con el caso Crousillat poco se ha contribuido a eso.