Algo curioso está sucediendo en algunos valles del norte: las empresas que hacen un uso más eficiente del recurso más escaso, el agua, tienen que pagar una tarifa que es tres veces superior de la que pagan aquellas que todavía utilizan una tecnología que en la agricultura moderna es considerada obsoleta (riego por gravedad). Tan peculiar decisión ha sido tomada por agencias locales que dependen de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), basándose en un argumento igual de incomprensible.De acuerdo con representantes de las empresas afectadas con la nueva tarifa, el castigo se explica porque tienen mayor rentabilidad y, entonces, deben pagar más. Si este es el nuevo razonamiento que se ha decidido aplicar para impulsar las inversiones en el agro, entonces hay que comenzar a preocuparse porque lo que se está haciendo es incentivar el desperdicio del agua. Pero si el problema es que los funcionarios que aprobaron tamaño disparate no conocen que la eficiencia en el uso de los recursos es un componente fundamental de la competitividad, la solución es simple: solo basta con rectificar la medida.Lamentablemente, aunque el costo del agua en los valles norteños retome su cauce normal, el problema más grave proseguirá puesto que la regulación de este recurso continúa incompleta. La Ley de Recursos Hídricos fue promulgada por el presidente Alan García el 30 de marzo del 2009, es decir, hace casi un año, y en ella se disponía que el reglamento correspondiente debía aprobarse "en un plazo no mayor de 60 días calendario"; pero ya han pasado 350 días y esa norma todavía no existe.Quizá la falta de ese reglamento sea la causa de que actualmente existan 235 conflictos sociales referidos al agua, puesto que el ANA no dispone de una herramienta regulatoria que le permita aplicar criterios basados en requisitos y procedimientos que estén respaldados por la legislación. En ese sentido, es necesario que el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, explique el porqué de tanta demora.Mientras esperamos que este vacío legal sea llenado, también es urgente que los funcionarios y técnicos que toman decisiones sobre el manejo del agua sean adecuadamente capacitados a fin de asegurar que tomen acciones sensatas.
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