Si había alguna duda, nuestro Diario acaba de mostrar los alcances de la mafia que, descaradamente, no solo cobra cupos de miedo a los empresarios, comerciantes y pequeños productores, sino a quienes intentan dar trabajo a través del pujante sector de la construcción.Se trata de un grupo de delincuentes, ex miembros de las dos centrales de trabajadores CGTP y CTP, que, disfrazados de sindicalistas de la construcción civil, amenazan, chantajean y extorsionan a empresarios e ingenieros del sector inmobiliario para beneficiarse ilegalmente con, por lo menos, el 1% de las ganancias que genera la edificación de inmuebles en Lima y en el resto del país. Además, los presionan para que contraten a sus seguidores, con lo cual los infiltran en las obras con los riesgos que ello implica, o les exigen otras dádivas.El temor a estos poderosos grupos armados explica por qué las ocasionales víctimas no denuncian a estos delincuentes que, según la Unidad de Investigación de El Comercio, no han recibido sanción alguna hasta el momento, pese a que tienen un rostro, nombres y apellidos identificables. El Ministerio del Interior asegura que los está investigando, a través de la nueva División de Protección de Obras Civiles (Diproc), pero es verdad que hasta el momento no hay gente en prisión por el medio centenar de asesinatos perpetrados en los últimos dos años. Esto es más que urgente, considerando que estas bandas suelen protagonizar periódicos enfrentamientos en la lucha por copar puestos de trabajo o repartirse dinero mal habido, con las consecuencias que ello genera en la seguridad ciudadana y en la población inocente expuesta a hechos de sangre en los que no tienen nada que ver, pero sí mucho que perder. Es más, es frecuente que los asaltos a mano armada o robos a viviendas se incrementen de manera notoria en ciertos distritos residenciales, donde se realizan construcciones, sin que la policía incremente la vigilancia en esas zonas o actúe de manera efectiva para capturar a los delincuentes para frenar el problema.Es importante que la CGTP y la CTP marquen distancia con esta mafia incontrolable, pero eso no es suficiente. El país exige que sus secretarios generales colaboren con las autoridades para llegar a los cabecillas, desarticular y desarmar a las bandas que hoy impunemente hacen lo que quieren. De lo contrario, las centrales sindicales seguirán siendo cómplices de delincuentes que en su momento fueron admitidos en dichas organizaciones sin mayores requerimientos y a pesar de que tenían antecedentes penales. La obligación es mayor en el caso de la CTP aprista que sigue admitiendo a una facción cuestionada del gremio de Construcción Civil, liderada por personajes de dudoso pasado.Finalmente, constructores y empresarios inmobiliarios tienen que sumarse a la lucha contra esta mafia infame. Denunciar es una opción, otra es no contratar como miembros de seguridad a delincuentes que provienen de sectores sindicalistas cuestionados. Todos tenemos que colaborar en una política de seguridad ciudadana que el Gobierno no termina de afinar, frente a los ajustes de cuentas, robos en establecimientos públicos y extorsiones como las que comentamos.