En las últimas semanas, nuevamente se han puesto de manifiesto los conflictos sociales entre las mineras y las comunidades en el interior del país, algunos debido a disputas por el agua, otros por oposición a cualquier proyecto minero, y también hay casos de falta de un adecuado diálogo por parte de las empresas.La Defensoría del Pueblo tiene registrados en enero 53 casos de denuncias por parte de comunidades y pobladores por conflictos sociales de carácter medioambiental con mineras en el país, siendo Cajamarca (10) y Áncash (5) los departamentos que concentran la mayor cantidad.Del total de conflictos, Compañía Antamina (Áncash) y Southern (en Arequipa, Tacna y Apurímac) tienen la mayor cantidad de denuncias acumuladas, con cuatro casos para cada una de ellas.En total, hay 43 empresas mineras y cuatro organizaciones de minería informal que se encuentran denunciadas ante la Defensoría del Pueblo. Del total de casos, en 27 tanto las mineras como las comunidades afectadas no han realizado diálogo alguno para solucionar sus diferencias en temas medioambientales.Asimismo, Minera Majaz (Piura) y Minera Raura (Huánuco) tienen conflictos con diálogos suspendidos.
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