Desde que lograron correr de Tambogrande a la empresa Manhattan con su proyecto aurífero, hace siete años, lo cual, dicho sea de paso, llevó al desarrollo de una minería informal que a ese valle frutícola lo está envenenando, las más radicales ONG antimineras han estado en la búsqueda de la siguiente víctima. Parece ser que ya la encontraron: es el proyecto de cobre de mil millones de dólares de inversión que se llama Tía María.Así tenemos que la relación entre la empresa minera -en este caso Southern- y la población se ha cortado. Donde durante meses existió una agenda de discusión para aclarar la genuina preocupación de la población sobre la procedencia del agua para la mina, hoy el extremismo parece haber ganado, y el diálogo se ha cancelado. Incluso, hace un par de días acallaron a los representantes del Gobierno en una audiencia, y la consigna ya no sería mejorar el proyecto minero, sino llevarlo al fracaso.Si bien un resultado de ese tipo podría lograr maravillas en el flujo de donaciones del exterior para algunas de las organizaciones ambientales involucradas, no le hace ningún favor a la población.Ello porque, pese a que al Gobierno le encanta difundir largas listas de proyectos de inversión como si estos nos sobraran, la realidad es todo lo contrario: nos hacen falta muchos más para generar el nivel de empleo que necesitamos. Incluso, en la minería, Tía María era uno de los dos únicos grandes proyectos que estaban "asegurados’ de iniciarse este año. Por ello, ni Arequipa ni el país se pueden dar el lujo de perder una inversión de esa magnitud, especialmente en el sur, donde no hay muchas otras alternativas.Evidentemente, el tema no ha sido bien manejado por el lado de la empresa; si no, no se habría llegado al actual punto de entrampamiento y de potencial rompimiento. Pero creemos que es fundamental insistir con urgencia, antes de que las elecciones regionales compliquen aún más la situación. Para ello, el Gobierno Central, al más alto nivel, debería intentar actuar de buen componedor con la población. No hay motivo alguno para que un proyecto minero no contribuya al bienestar de una región y genere empleo sin causar daño ambiental. Todo es cuestión de conversar. Pero lo que hay que evitar es que el futuro de la inversión en general termine secuestrado en las manos radicalizadas de quienes tienen una agenda completamente diferente.