Nunca como ahora se había abierto la oportunidad de tomar el toro por las astas en el sistema judicial, y esto porque es imposible seguir ocultando la crisis que está padeciendo, cuya profundidad terminará afectando, qué duda cabe, la estabilidad democrática y económica del país y el propósito de encaminarlo hacia el desarrollo. La absoluta desconfianza que sienten los ciudadanos por la forma como se administra justicia en el país se debe haber acrecentado ahora que ha estallado el procedimiento para designar a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. El descrédito es muy grande, así como es abismal la falta de voluntad que muestran las autoridades judiciales y los legisladores, que pareciera que compiten con los primeros para conseguir el completo rechazo de la ciudadanía. De otra manera, no se entiende por qué el Congreso mantiene encarpetados desde hace tres años los proyectos que hagan posible reformar el sistema judicial. Cabe recordar, además, que han transcurrido seis largos años desde que el Ceriajus (la Comisión Especial de Estudio del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia) presentó un plan "inédito en la historia de nuestra República". Sin embargo, casi nada se ha avanzado al respecto. Por el contrario, constatamos que la crisis se profundiza. Y esta situación no solo afecta la economía, sino que menoscaba la autoestima nacional, pues resulta una frustración observar que operan con absoluta libertad quienes deberían estar tras las rejas. Es el caso de un aduanero atrapado ayer cuando intentaba ingresar contrabando al país. Este señor ya había sido destituido de la institución, pero un juez de Tacna lo repuso sin mayor miramiento. Por todo ello, es necesario que reaccionemos y aprovechemos la oportunidad a fin de poner en marcha el proceso para reformar el sistema de justicia. Los partidos políticos tienen la responsabilidad de debatir el asunto en el Congreso, y de plantearlo en instancias de mayor convocatoria, como el Acuerdo Nacional, porque podremos firmar más tratados comerciales, aumentar los sueldos de los maestros, policías y otros trabajadores y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos, pero si no logramos refundar el sistema judicial, corremos el riesgo de perder lo avanzado.