¿Qué está pasando en los organismos reguladores? Nos referimos a los que supervisan la inversión en telecomunicaciones (Osiptel), en infraestructura de transporte (Ositran) y en minería y energía (Osinergmin), cuyo desempeño está siendo ensombrecido por una serie de acciones poco claras y de denuncias acerca de interferencias en sus funciones de parte de autoridades del Poder Ejecutivo. Para empezar, los directorios de estas entidades no están completos desde hace buen tiempo, una falla estructural que afecta la toma de decisiones y que constituye una deficiencia inexplicable. Solo este hecho afecta el normal desenvolvimiento de los reguladores y llama la atención que en el Gobierno no se esté tomando en cuenta. Lo más delicado del tema es que hasta donde se sabe, no existe preocupación por subsanar rápidamente este vacío, que en cualquier organización pública o privada sería el punto prioritario de la agenda.Al interior de los organismos reguladores las inconsistencias son igualmente notables. Un director de Osiptel fue destituido porque se descubrió que tenía comunicaciones por correo electrónico con una de las empresas supervisadas, mientras que en Ositran un gerente fue despedido porque supuestamente estuvo en desacuerdo con el presidente del directorio respecto a un asunto regulatorio de trascendencia.En cuanto a Osinergmin, fuentes del sector comentan que el organismo no está exhibiendo la suficiente imagen de independencia, que precisamente es lo que estas entidades deben preservar. No hay que olvidar que su razón de ser es supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión otorgados por el Estado a empresas privadas y definir los esquemas tarifarios de los servicios que aquellas prestan. Es por ello que cualquier tipo de interferencia de las empresas reguladas o del Gobierno (ministros, congresistas, etc.) tiene que evitarse, y sancionarse en caso de ocurrir.Si esta premisa clave no se cumple, entonces el sistema no está funcionando y es tiempo de hacer los ajustes correspondientes, empezando por reasegurar la independencia y recuperar la confianza que los organismos reguladores deben generar.
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