A solo diez meses de las elecciones --y cuando aún no se consolidan las necesarias alianzas de candidatos--, el Congreso ha autorizado al Ejecutivo un crédito adicional de 1.300 millones de soles, que podría augurar el inicio de una indeseable farra electoral. Así lo evidenciaría el apresuramiento en aprobar la norma, otra vez entre gallos y medianoche, y la sospechosa repartición de los fondos. Esto es muy preocupante. Y no solo porque el 70% de esos recursos se usará para fi nanciar gasto corriente dirigido especialmente a satisfacer un apetitoso caudal electoral; es decir, remuneraciones de maestros, médicos y Fuerzas Armadas, así como el programa Juntos, de ayuda a la pobreza. También porque se deja en segundo plano las urgentes inversiones en infraestructura y, peor aun, porque no se cuenta con suficientes recursos para sostener estos incrementos a mediano y largo plazos, lo que tendría serias consecuencias en el manejo fiscal. Allí no acaba la irresponsabilidad: con la aprobación de este crédito suplementario se incumple nuevamente la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, que establece que el gasto no financiero no puede incrementarse en más de 3%. Dicha meta, que solo se cumplió en el año 2004, sería totalmente incumplida ahora hasta con un 9 %. Llama la atención que tengamos un Presupuesto de la República mayor en 40% al de cuatro años atrás. Sin embargo, hay que preguntarse de dónde salen los recursos adicionales: una parte de ingresos cíclicos, por mayor precio internacional de nuestros minerales, que podrían caer con la anunciada desaceleración de la economía mundial. Y otra, de ingresos extraordinarios por el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que vence el 2006, y por el punto adicional al IGV, que igualmente se anunció como temporal. ¿Es que se piensa convertir estos impuestos en permanentes sin considerar los negativos efectos que ello tendría en nuestra economía? En cuanto a las partidas, si bien hay algunas inevitables y necesarias, por ejemplo para financiar los comicios, muchas otras no han sido debidamente sustentadas. En el caso del programa Juntos no se ha aclarado por qué tiene que ser manejado por la Presidencia y por la PCM, cuando lo más efectivo sería hacer primero un estudio exhaustivo del mapa de pobreza y canalizar los recursos a través de entidades que realmente funcionan en este rubro, como la Iglesia. Sería realmente nefasto para la estabilidad política y económica del país que los logros macroeconómicos que tan sacrificadamente se han obtenido en cuatro años se echen por la borda solo por atender recusables apetitos electorales de una camarilla gubernamental. Al abrir las puertas al populismo prometiendo aumentos a algunos sectores y regalando efectivo a otros, el Gobierno se arriesga a una espiral dispendiosa e imposible de sostener. Y es que naturalmente otros sectores también exigirán aumentos de todo tipo. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Estamos advertidos. Si aún queda un mínimo de responsabilidad y coherencia, lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir con la ley escrupulosamente o exponerse a las drásticas sanciones que tarde o temprano causará su incumplimiento, evaluar detenidamente el uso de estos recursos y esclarecer cuándo se dejará sin efecto el ITF y el aumento del IGV. Y, ante la inminente salida del ministro Pedro Padro Kuczynski, debe nombrar en su lugar a un técnico que no tenga filiación partidaria. La tentación de la farra electoral debe ser denunciada y contenida antes de que sea demasiado tarde.(Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. A 4] /