El creciente rechazo de la población de Cusco, Puno y Madre de Dios por el cuestionado proyecto de la Hidroeléctrica de Inambari, cuya construcción amenazaría con destruir sus hogares, tierras de cultivo y vías de comunicación, no hace más que recordar que el gobierno estaría cometiendo un gravísimo error al dar luz verde a tamaña empresa sin antes atender las demandas sociales.A pesar de que las propias autoridades de estas regiones han salido a desmentir que los reclamos deriven en posibles conflictos sociales en el sur, no por ello han dejado de criticar al gobierno por no informar debidamente a los posibles afectados de este proyecto."Están en la obligación de explicar qué sucederá con los 65 kilómetros de la Carretera Interoceánica que quedarán inundados y el impacto ambiental en el Parque Nacional Bahuaja-Sonene. No se trata de reubicar a las personas sino también de indemnizarlas. La gran mayoría depende de la agricultura", advirtió Nancy Rosell, alcaldesa de la provincia de Carabaya (Puno), en alusión a los 15 mil afectados que habría en Puno.