El último monitoreo de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales, activos y latentes, trae noticias buenas y malas. Por ejemplo, en comparación con registros previos, señala que estos problemas han disminuido respecto a meses anteriores y que últimamente la mitad de ellos es atendido a través del diálogo y la negociación. La mala noticia es que los conflictos (260 en total, al 31 de enero) aún son demasiados en un país como el nuestro, que ni siquiera ha logrado que sus mesas y espacios de diálogo sean vinculantes y se conviertan en ámbitos idóneos para la conciliación y la búsqueda de soluciones. Cuán oportunas y útiles serían estas instancias de negociación si actuaran efectivamente como árbitros, sobre todo en aquellas situaciones desbordadas en las que las reclamaciones salen de la esfera individual para detonar en movilizaciones, protestas, amenazas y el uso de la violencia, lo que altera el espacio público. Como reconoce la propia defensoría, no todo problema deriva en conflicto ni todo conflicto equivale a violencia que, en realidad, es la última fase de un problema. Al respecto, la tarea del Estado en su conjunto radica en actuar no solo cuando la crisis estalla (conflictos activos), sino cuando los problemas aún no se han expresado públicamente, pero existen y revelan disconformidad o insatisfacción en la población (conflictos latentes).Nada es más urgente cuando el sector minero asegura que invertirá en los próximos años US$35.000 millones y cuando el Perú es reconocido como el segundo productor de cobre en el mundo. En un contexto de mayor inversión y crecimiento económico como el que se avizora, el reto será siempre reforzar un clima de estabilidad interna que será imposible de alcanzar si no se hallan salidas a los conflictos sociales o se abren canales para el diálogo de todas las partes involucradas. Además, según el monitoreo de la defensoría, hay 170 conflictos activos y 90 latentes, pero la causa principal se relaciona con demandas socioambientales, sustentadas en problemas climáticos generados mayormente por actividades extractivas.De otro lado, ad portas de los procesos electorales regionales y municipales, el Gobierno Central tendrá que aplicar las mejores políticas de comunicación con la población y dar prioridad al interés ciudadano. También podría asumir con seriedad el cambio del estatus de las actuales instancias de negociación para que sus decisiones sean vinculantes. En esta tarea de institucionalización de las mesas de diálogo, la defensoría podría ser un soporte importante; su monitoreo de conflictos sociales es útil, necesario y puede diferenciar cuáles son las situaciones polémicas y cuáles las latentes. Asimismo, los organismos estatales deberían sustentar cuánto cuestan los conflictos y las negociaciones inciertas.Las autoridades regionales y municipales tienen la responsabilidad ineludible de actuar preventivamente, no solo porque están más cerca de los actores, sus problemas y conflictos, activos y latentes, sino porque manejan los recursos para enfrentar cualquier situación límite. En cuanto al sector privado, representado por ejemplo por las compañías mineras, su tarea se resume en la aplicación de políticas de responsabilidad social empresarial que no solo lo comprometan con sus accionistas, sino también con sus trabajadores, sus familias, la comunidad y el medio ambiente.No todo debe dejarse a la buena fe de las partes. Los conflictos, sean grandes o pequeños, pueden colocar al país al borde de la crisis política, sobre todo en épocas electorales. Evitemos correr ese riesgo, valorando la naturaleza real de las demandas y actuando en consecuencia.