Debido a que la población afectada por la actividad minera considera que el gobierno central es juez y parte en los conflictos, pues es el que otorga las autorizaciones a las compañías y no cuenta con instituciones que atiendan los reclamos de las comunidades, Javier Aroca de Oxfam opina que debería de crearse una especie de Defensoría para asuntos mineros. La idea surge a partir de la exitosa experiencia de cinco comunidades que rodean la minera Tintaya, que pudieron hacer llegar sus quejas, a través de Oxfam, a una defensoría instalada para estos casos en Australia que surgió como un plan piloto para vigilar la labor de todas las mineras con capital australiano. BHP Billton Tintaya estaba en su campo de acción.