Bastó que la Contraloría General de la República coloque bajo la lupa las administraciones de los controversiales presidentes regionales de Áncash y Puno, César Álvarez y Hernán Fuentes, respectivamente, para que se ponga al descubierto una serie de irregularidades que merecen ser esclarecidas y sancionadas.Como parte del primer operativo de fiscalización "Cóndor" que desplegó la Contraloría en cuatro gobiernos regionales y 23 municipios de todo el país, se determinó que al menos nueve graves hechos irregulares se habrían cometido en las administraciones de Áncash y Puno.En la región altiplánica se detectó al menos cinco irregularidades. La más escandalosa se refiere a la omisión del gobierno de Fuentes para ejecutar un plan de contingencia para la prevención de neumonías durante el friaje que azotó Puno en el año 2009, pese a contar con más de S/.14 millones (cifra de la que sólo utilizó 1.2%).