¿Qué tienen en común la supresión definitiva de la libertad de prensa en Venezuela y la última huelga de transportistas en el Perú? Sin lugar a dudas, el uso de la fuerza que atenta contra las libertades individuales. En el primer caso, el Estado venezolano, gobernado por un dictador, atenta contra los derechos humanos. En el segundo caso, algunos transportistas violan la ley bloqueando carreteras para obtener una rebaja de impuestos. Pero hay algo más: ambos son casos que resultan de la economía política de los combustibles.Venezuela se ha convertido en un clásico de la llamada "enfermedad holandesa", aquel mal económico que aqueja a países que se emborrachan con rentas como las del petróleo generando gobernantes millonarios y sociedades cada vez más pobres. Dicha "enfermedad" -no lo dicen mucho los que la critican- se da únicamente en los casos en los que es el Estado el que maneja dichas empresas sin criterio. No sucede, por ejemplo, en Texas, estado petrolero estadounidense que no por ello se ha vuelto subdesarrollado y plagado de corrupción. Chávez puede arruinar la vida de millones de venezolanos porque se ha apropiado de la renta petrolera de su país con fines políticos y sin mediar control alguno. No contento con ello, se apropia ahora de empresas no petroleras a las que lo más probable es que las haga quebrar. Y se apropia de la libertad de las personas a expresar lo que les viene en gana. No hemos escuchado la opinión de estos atropellos por parte de los intelectuales, economistas y empresarios que se han manifestado a favor de Ollanta Humala -menos de este último- hace unos días. Tampoco escuchamos reclamo alguno sobre el atropello de los transportistas a la libertad de circulación, después de que se ajustara ligeramente el precio de la gasolina.Sí encontramos, en cambio, algunos artículos (a propósito de la huelga de los transportistas) que critican el modelo de formación de precios de la gasolina en el Perú, insinuando una crítica a las refinerías -una estatal y otra privada- que podría ser la antesala a un plan de gobierno que plantee controlar los precios de este sector "estratégico". Plan que nos llevaría directamente a la descapitalización de la industria y al manejo político del sector.Mal que bien, el Perú ha podido generar un modelo de formación de precios de los combustibles que funciona. Se compra un petróleo barato que porque es "pesado" y se exporta lo que no encuentra mercado acá a precio de "remate". El Fondo de Compensación, por su parte, funciona para evitar que la gasolina suba demasiado, con lo cual las refinerías reciben un precio estable. Y comparado a otras industrias, la verdad es que el negocio les deja un margen bajo.El problema son los impuestos. En particular, el arbitrario Impuesto Selectivo al Consumo, que debería eliminarse. Pero no por la fuerza, sino como el resultado de una política fiscal que lo haga innecesario, cosa que ningún ministro de Economía ha osado hasta el momento. Y, por último, está el problema de Petroperú. El escándalo de los petroaudios debió ser suficiente para tomar conciencia de la necesidad de eliminar el riesgo político en el manejo de dicha empresa.Ahora más que nunca debemos trabajar para evitar los estragos de la economía política de los combustibles en nuestro país y abogar por una gestión técnica de las empresas vinculadas al sector, Daniel Córdova, director de Postgrado - Universidad del Pacífico.
- [Gestión,Pág. 31] /