BATALLA DEL GAS NATURAL ES MÁS POR PRECIO QUE POR LAS RESERVAS

Se estima que en el Perú actualmente existe un potencial de reservas de gas natural de alrededor de 40 trillones de pies cúbicos (TCF) en las zonas aledañas a Camisea. Y si se incluye Candamo (entre Puno y Madre de Dios) la cifra supera los 50 TCF de reservas potenciales (eso sin considerar todo el Subandino Sur que está en nuestro país). Entonces, gas ‘in situ’ hay suficiente. Sin embargo, solo 8.8 TCF son reservas probadas y certificadas (a febrero del 2009) según Gaffney, Cline & Associates; es decir, reservas comerciales las que ya están comprometidas con contratos a firme a largo plazo. Como la demanda interna de gas natural creció más rápido de lo esperado, en el 2008 hubo riesgo de desabastecimiento por lo que, cada cierto tiempo (sobre todo a medida que se acerca la fecha de inicio de la exportación de gas natural licuefactado –LNG- en junio próximo) sale el tema de que las reservas de gas natural no son suficientes para abastecer el mercado interno.En este contexto, el gobierno logró un acuerdo con el consorcio Camisea a fines de agosto del año pasado, por el cual se incorporaron 150 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) de gas adicional del lote 88 y 155 MMPCD del lote 57 (de Repsol), para abastecer el mercado interno.El problema es que este volumen adicional de gas estará en el mercado interno recién a fines del primer trimestre del 2012 porque requiere adelantar inversiones por más de US$ 1,900 millones para incrementar la capacidad tanto de producción (Consorcio Camisea), como del transporte (TGP) y para desarrollar el lote 57.No hay duda que el abastecimiento del mercado interno es la prioridad, de acuerdo a la legislación vigente, y que las autoridades competentes deben garantizar que los planes e inversiones comprometidas se cumplan para asegurar ese objetivo. Pero de lo que no se habla mucho, incluso por aquellos que cuestionan el proyecto de exportación, es del tema del precio del gas natural para el mercado interno. Dicho precio está subsidiado y prácticamente congelado, a partir de agosto del 2006 cuando el gobierno renegoció la fórmula de ajuste del mismo. Pero, sobre todo, es un precio regulado.