Tal como había sucedido anteriormente con el caso de la aprista Tula Benites Vásquez, el fiscal supremo José Antonio Peláez Bardales favoreció a la otra legisladora desaforada, Elsa Canchaya Sánchez (UN), al emitir un dictamen para que se declare la nulidad de la sentencia que se había impuesto por la contratación de su empleada doméstica Jacqueline Simon Vicente como asesora de su despacho congresal.Fuentes judiciales entregaron a Perú.21 el sorprendente dictamen de Peláez en el que solicita a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que dicte una nueva sentencia.