Si el Estado no cumple con solucionar los pasivos ambientales dejados por las mineras estatales (como Centromín o Hierro Perú) es muy probable que las mineras privadas que tienen compromisos de inversión para remediar pasivos ambientales tampoco lo hagan. Esto, incluso, debilitaría la propia estrategia del Gobierno para enfrentar este problema, señala un informe preliminar elaborado por el Banco Mundial titulado "Riqueza y sostenibilidad: dimensiones sociales y ambientales de la minería". Ante este problema, que sería uno de los causantes del malestar entre las comunidades y las mineras, el Banco Mundial recomienda una acción más decidida del Estado. "Debe demostrar que los pasivos ambientales ocupan un lugar prioritario y que se destinarán recursos para enfrentar este problema de naturaleza crítica", remarca. Los cálculos indican que actualmente habría alrededor de 610 pasivos ambientales mineros, de los cuales el 28% no tendría propietarios identificados ("huérfanos") y de los que también debería encargarse el Estado. El Banco Mundial señala que se requerirían más de US$250 millones de inversión en pasivos mineros, sin tomar en cuenta aquellos de los cuales tiene que hacerse cargo el Estado. La cifra aún no se ha precisado. El estudio del organismo financiero remarca que estos pasivos ambientales dejados por las operaciones mineras del Estado estarían afectando las cuencas del río Rímac, y generarían contaminación en otros ríos como el Mantaro (Junín), Pisco (Ica), Madre de Dios, Hualgayoc (Cajamarca) y Santa (Ancash).