El 6 de abril del año pasado escribí sobre Doe Run y el acuerdo que se había logrado entre el Minem, el MEF, Doe Run, los mineros privados de la zona y algunos traders mineros. Doe Run había notificado al Estado que paralizaba sus operaciones por falta de capital de trabajo y que no cumpliría con su PAMA, que vencía el 31 de octubre del 2009. El gobierno y los proveedores, correctamente, buscaron una solución para la precaria situación de la empresa, que resultaría con 3,500 personas sin trabajo, el cierre de la refinería, la paralización de las compras de Doe Run a pequeñas empresas de la zona y un inmenso perjuicio económico a La Oroya.Luego de importantes esfuerzos, se llegó a un arreglo donde los productores mineros le daban a Doe Run $175 millones para compensar su capital de trabajo, y la casa matriz de Doe Run capitalizaba el total de sus acreencias con la empresa por $156 millones, otorgando el íntegro de su nuevo capital de casi $300 millones como garantía al Estado Peruano del cumplimiento de su PAMA.¿Qué pasó luego? Doe Run, como nos tiene acostumbrados, no cumplió y a la fecha sus trabajadores siguen sin laborar -a pesar de que se les está pagando sus remuneraciones comprando paz social-, la refinería no opera, la empresa no ha cumplido con el PAMA y menos con la capitalización de sus acreencias y la garantía al Estado con las acciones de la matriz. En otras palabras, Ira Rennert, presidente del grupo Renco, el billonario estadounidense conocido por comprar empresas quebradas, sigue siendo dueño del principal acreedor de Doe Run y, por lo tanto, sigue meciendo al país incumpliendo lo pactado.La SNMPE acaba de separarlos de su gremio, "ya que no han demostrado con hechos concretos su voluntad de cumplir con sus compromisos ambientales y sus obligaciones con el país, sus trabajadores, la población de La Oroya y sus acreedores". La Confiep viene planteando la reestructuración de La Oroya para reconvertirla en una ciudad industrial. Sea como fuere, es hora de que, cubriéndonos de la parte legal internacional, que sin duda alguna es la que más le interesa a Rennert, el Estado se plantee una solución final para este problema, señala Cecilia Blume.