Tanto para el presidente de la comisión Investigadora de las interceptaciones telefónicas, Oswaldo Luízar, como para otros integrantes de este grupo de trabajo, la publicación periódica de audios y correos electrónicos reservados responderían a intereses de grupos económicos que desean "favores" del gobierno, presionándolos en forma indirecta.Luízar señaló que, a pesar de que a la comisión parlamentaria se le negó rotundamente el acceso al material incautado -por medio de la jueza María Martínez, del 34º Juzgado Penal de Lima- éste sí fluye por cierta prensa.