Desde tiempos seculares, la minería ha sido eje fundamental de la economía en el Perú. Cierto es que la actividad extractiva no siempre fue ordenada y racional. Las exportaciones de minerales no eran socialmente redituables y por prolongadas épocas no se tuvo en cuenta el impacto ambiental ni el desarrollo de los pueblos y comunidades circundantes a los yacimientos. Todo eso ha cambiado. Hoy, el Estado promueve las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, en el sector minero, con alta tecnología, protección del medio ambiente y en condiciones de equidad y rentabilidad social. Ello en un marco de estabilidad y seguridad jurídica para el inversionista, y, a la par, condicionando la responsabilidad social empresarial (canon minero, prevención y evitamiento de la contaminación del medio ambiente, programas de desarrollo local). En el Perú del siglo XXI, la minería se ha convertido en una de las armas eficaces que el Gobierno emplea contra la pobreza y el subdesarrollo. En la actual coyuntura financiera internacional, posterior a la crisis global que tuvo efectos depresivos en el comercio exterior, los analistas y bancos de inversión prevén que la recuperación del precio de los minerales en el mundo será beneficiosa para la emergente economía peruana. En este contexto, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informa que las inversiones mineras en el país podrían sumar 5,000 millones de dólares este año, lo que significaría casi duplicar lo registrado durante 2009, en que llegaron a 2,380 millones de dólares. También indica que el país, a la fecha, cuenta con una cartera de proyectos mineros por más de 30,000 millones de dólares, que serán ejecutados en un plazo de seis años. Esto luego de que el MEM otorgó 34 mil derechos mineros, lo que demuestra el importante potencial minero del Perú. De acuerdo con el informe del citado portafolio, los recursos generados por la minería y aportados a las regiones en los últimos tres años superan los 15,000 millones de nuevos soles, bajo los conceptos de canon minero, regalías, derechos de vigencia y aporte voluntario. Con el objetivo de ejecutar todos los proyectos mineros en los plazos fijados, el Gobierno acaba de dictar una norma para tercerizar la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permitirá reducir el tiempo de aprobación de 210 días a un máximo de 150 días. Desde épocas prehispánicas, el Perú ha sido un país minero por excelencia y hoy ese sector fundamental de nuestra economía se convierte en un instrumento efectivo para luchar contra la pobreza y saltar al mundo de los países desarrollados. (Edición sábado)