Por: Beatriz Boza.- Es propio de los adolescentes sentirse libres e independientes. El desafío de los padres es enseñarles a ejercer esa autonomía con responsabilidad, esto es, a prever el resultado de sus actos y asumir sus consecuencias. Porque autonomía y responsabilidad son dos caras de nuestra libertad. A diferencia de lo que nos sucede como personas, que actuamos por nosotros mismos, los funcionarios públicos actúan por cuenta de otros: de nosotros los ciudadanos. De ahí que, además de actuar con autonomía y responsabilidad, el sector público tenga que actuar con transparencia. Cuando un comerciante se queja ante Indecopi por los sobrecostos innecesarios que le impone cumplir una norma municipal, o cuando un consumidor objeta el costo excesivo del pasaporte, Indecopi debe resolver de manera técnica y autónoma, esto es con la debida fundamentación legal e independencia de los intereses políticos de cualquier otra autoridad, sea esta municipal o ministerial. A su vez, cuando Osiptel, Osinergmin o Sunass fijan las tarifas telefónicas, eléctricas o de agua, deben hacerlo como árbitros que velan por nuestros intereses de corto y largo plazo como consumidores, es decir, tomando en cuenta también los incentivos que les dan a los operadores, porque más allá de la bondad de la regulación, solo con inversión se logra garantizar máxima cobertura y calidad. Esa autonomía que nuestro ordenamiento les reconoce a los reguladores requiere transparencia en todo su accionar. Ello implica que los funcionarios sean conscientes de que actúan por encargo de otros a quienes deben rendir cuenta. Por eso deben publicar la hoja de vida de sus cuerpos directivos y gerenciales para mostrar su grado de profesionalismo; así como su normativa interna, jurisprudencia debidamente fundamentada y precedentes de observancia obligatoria para dotar de predictibilidad su accionar. Además, deben consultar a los interesados sobre políticas o acciones por implementar, indicando cuándo las opiniones no se tomaron en cuenta —porque el deber de consultar no implica que la autoridad deje de actuar, solo que debe hacerlo fundamentadamente—. Responder oportunamente las solicitudes de información que le sean planteadas es una manera de legitimar su accionar; mientras que medir riesgos, generar acciones correctivas y rendir cuenta de las acciones implementadas son también actos de transparencia. El mensaje es sencillo: toca informar, consultar, explicar y fundamentar. Y eso solo lo puede hacer bien alguien que domina el tema y que actúa con independencia. Todo lo demás sería de alguna manera creerse dueño de la verdad.