"Ni el Estado ni las empresas cumplen su rol frente a las comunidades". Esta reflexión es una de las que se desprende de un informe preliminar elaborado por el Banco Mundial sobre las dimensiones sociales y ambientales de la minería en el Perú y que fue encargado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). El resumen ejecutivo del estudio fue presentado por el banco a funcionarios, empresarios y ONG en abril, y se espera que su versión final esté lista en las próximas semanas. ¿Qué dice el resumen? En el capitulo sobre el tratamiento de asuntos sociales, el informe concluye: "La capacidad actual de los actores clave para enfrentar los problemas sociales (autoridades y empresas) es muy limitada". ¿Por qué? responsabilidades El estudio señala que en abril había 15 zonas mineras que estaban siendo afectadas por conflictos sociales (el resumen ejecutivo no detalla cuáles), los mismos que dependen, en parte, de si la región es de actividad minera antigua o reciente. El informe no hace ninguna referencia crítica al comportamiento de las organizaciones sociales que están al frente de las comunidades (autoridades regionales o de asociaciones comunales) cuando existen reclamos contra la minería . "La industria minera, en forma general, no ha tratado de comprender el entorno ni los aspectos sociales y culturales de las comunidades locales", resalta el informe. También se remarca que el Gobierno ha hecho muy poco para informar a la industria acerca de los estilos de vida de estas comunidades. Asimismo, agrega, existen otros aspectos que han aumentado los problemas sociales, como las expectativas insatisfechas de empleo; los impactos de la adquisición de tierras y reasentamiento; un débil cumplimiento de la normatividad por falta de presencia del Estado; y falta de comunicación adecuada entre las empresas, las comunidades y el Gobierno.