El gobierno no parece estar tomando plena conciencia del grave riesgo que supone la decisión tomada por el presidente de la región Cusco de legalizar el cultivo de las hojas de coca, quien, además, se ha dado el lujo de ratificar su anuncio sentado al lado de, nada menos, el ex ministro de Justicia de este régimen, Fausto Alvarado.El tema, por supuesto, se quiere vender como una defensa de nuestro patrimonio cultural y demás artificio verbal que suele acompañar al discurso cocalero, pero todo eso las estadísticas lo tiran abajo. Cerca de siete mil hectáreas sembradas de coca en el Cusco se van directamente al narcotráfico. Eso está probado, sin ningún lugar a duda.La decisión del presidente regional, lejos de defender la "milenaria hoja sagrada", a quien favorece es al narcotraficante. Paralelamente a los corsos folclóricos que vimos ayer en la Plaza de Armas cusqueña celebrando la resolución, deben haberse descorchado varias botellas de champagne en México y Colombia, de cuyos países provienen los capos del narcotráfico en el Perú.Lo más grave es constatar nuevamente la impresionante indolencia del gobierno para afrontar un problema que ha sido advertido a los cuatro vientos desde hace semanas. Una conferencia en el propio Palacio de Gobierno, corrigiendo puntos y comas, es sólo un chiste de mal gusto si se le pretende como solución del problema.En el tema de las drogas sólo hay dos opciones: o se lleva a cabo una cruzada internacional para despenalizar absolutamente su producción y comercialización, con lo cual se destruye de inmediato a las mafias del narcotráfico y de paso convertimos a nuestra hoja de coca no en un producto cultural sino en una materia prima valiosa, o se procede a la erradicación absoluta de un producto que, más allá de la antropología, es, de hecho, fuente de crimen, corrupción y delincuencia.Lo que no se puede hacer es lo que hace este gobierno: cruzarse de brazos sin hacer nada, señala el director del diario La Primera, Juan Carlos Tafur.