Quince meses después de que se difundieran los audios que revelaban los supuestos negociados entre el ex ministro del primer gobierno aprista Rómulo León Alegría y el ex directivo de Perupetro Alberto Quimper, todo parece indicar que el proceso judicial abierto por lo que se considera el mayor escándalo político del gobierno de Alan García se desplomará sin mayores consecuencias legales ni penales. La resolución emitida el 22 de diciembre por el juez anticorrupción Jorge Barreto -que declaró la nulidad de los llamados "petroaudios’ por considerar que estos son pruebas ilícitas que transgreden los derechos constitucionales de los "chuponeados’- ya había dejado sin sustento documentario el expediente judicial, que actualmente solo se basa en las declaraciones testimoniales de los más de 16 implicados quienes, como es obvio, han negado haber cometido o conocido cualquier acto ilegal en el proceso de concesión de lotes petroleros a la empresa noruega Discover Petroleum International (DPI) por parte de Perupetro.