En un hecho que ensombrece más la imagen del Poder Judicial, la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia archivó el caso de la falsificación del millón de firmas del movimiento fujimorista Perú 2000, que se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos ocurridos durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Como se recuerda, en febrero del 2000 El Comercio destapó ese escándalo basado en las versiones de tres testigos directos (los hermanos Carlos y Marita Rodríguez y la estudiante Érika Martínez), quienes habían participado en la masiva adulteración de rúbricas con las cuales Perú 2000 había logrado su inscripción en la ONPE. En ese hecho (que se realizó en dos inmuebles del Callao y San Martín de Porres) resultaron implicadas connotadas figuras del fujimorismo, como los congresistas Absalón Vásquez y Óscar Medelius y los regidores Luis Navarrete Santillán y Migdonio Bellota, así como otras 50 personas, varias de las cuales fueron detenidas. La resolución de la mencionada sala suprema (presidida por Víctor Pajares Paredes e integrada por los vocales Javier Villa Stein, Ponce de Mier y Víctor Prado Saldarriaga) ratificó la insólita y aberrante sentencia que emitió el 3 de octubre del 2000 la tristemente célebre Sala Especializada de Delitos Tributarios, que todos decían era manejada por el 'Doc' a su antojo. Esa instancia señaló que nunca hubo falsificación de firmas porque no se falsificaron los documentos públicos de la ONPE.