Con el fin de intensificar sus actividades en contra de las empresas mineras en el país, y de esa manera tratar de captar más financiamiento externo para sus nuevos proyectos, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) ha emprendido una campaña de satanización del anteproyecto de la nueva Ley General del Agua.Para eso la referida organización no gubernamental (ONG) ecologista trata de confundir esta propuesta de ley con el controvertido tema de la privatización de los servicios de agua potable y desagüe, cuya posible aplicación tiene poca aceptación popular (a pesar de que diversos estudios y experiencias de otros países apuntan a que es viable y necesario). Esto se desprende de los comunicados públicos de Conacami y de versiones de personas que estuvieron relacionadas con esta organización, las cuales fueron recogidas por Correo. El anteproyecto de la Ley General del Agua, cuya aprobación se encuentra pendiente en la Comisión Agraria del Congreso, establece los lineamientos generales para ordenar el manejo, uso y aprovechamiento de las fuentes del agua (cuencas hidrográficas) mediante un Consejo Nacional del Agua. Este organismo estaría integrado por representantes del Estado, de los agricultores, de las compañías mineras o industriales y también de las comunidades indígenas o nativas.