Más del 80% de la ciudadanía no confía en el Congreso de la República, según las encuestas de opinión pública. Este resultado es una calamidad que podría derivar en un problema, puesto que algún sector se aprovecharía para poner en duda la legitimidad de esta institución para elaborar y aprobar las leyes que ordenan jurídica, social y económicamente al país.En consecuencia, dado el pésimo momento que afronta el Congreso, deben surgir ideas para apuntalarlo y liberarlo de sus componentes que le resultan perjudiciales, y no para atropellarlo con amenazas de cierre.En esta columna ya hemos reclamado que se sancione drásticamente a los legisladores involucrados en faltas y hasta en delitos, y también nos hemos pronunciado a favor de la renovación de sus integrantes cada cierto tiempo. Sin embargo, en democracia siempre es importante guardar las formas, porque lo contrario puede generar inestabilidad, que podría ser de cuidado dado el ciclo electoral al que ingresaremos a partir del 2010.Creemos, entonces, que el Presidente de la República no debe valerse de la debilidad del Congreso para atropellar su institucionalidad, menoscabándose el necesario equilibrio de poderes que debe existir en una democracia.Si se quiere mejorar la imagen del Congreso, lo primero que se debe hacer es empezar a imponer la ley y el orden en la casa propia. El Apra debe dar el ejemplo y castigar severamente a quienes se lo merezcan, a sus parlamentarios que han resultado inmersos en acciones irregulares. De esta manera, la ciudadanía observaría con mejores ojos y hasta apoyaría cualquier reforma que se pretenda hacer.De otra manera, se corre el riesgo que el debate para lograr la renovación por mitades de la representación nacional derive en acusaciones de un lado y enfrentamientos por otro. Como ha advertido la Confiep, cualquier situación de fragilidad política trae como consecuencia problemas económicos.Por eso, el camino más adecuado es realizar un referéndum, en el que libremente se pronuncien los ciudadanos sobre la forma de renovar los parlamentarios y cada cuánto tiempo se debe efectuar este proceso. Otra forma nos podría colocar al borde del despeñadero.
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