Si bien en uno de los primeros consejos de ministros del gobierno aprista, el entonces titular de Economía, Luis Carranza Ugarte, participó de la aprobación de la propuesta presidencial para exonerar de impuestos a las industrias con actividades en zonas altoandinas, durante el debate del proyecto de ley en las comisiones del Parlamento, en 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se opuso a la medida por considerar que era discriminatoria.Cuando la iniciativa llegó a la Comisión Agraria, el MEF opinó que "los beneficios configuran un trato privilegiado en detrimento de aquellas empresas que desarrollan las mismas actividades fuera de la altitud propuesta". Pese a ello, el proyecto no solo fue aprobado, sino que se amplió su alcance pues, originalmente, planteaba beneficiar solo a las empresas que inviertan por encima de los 3,200 metros sobre el nivel del mar (msnm), pero el Parlamento decidió que fuera desde los 2,500 msnm.