La Comisión de Energía del Congreso recibió ayer el informe del grupo de trabajo encargado de revisar los contratos de gas de Camisea (lotes 88 y 56). El informe responsabiliza a varios funcionarios del gobierno del ex presidente Alejandro Toledo pertenecientes a los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas y de Perú-Petro. El más mencionado en el informe es el ex ministro de Energía Jaime Quijandría, a quien se lo acusa de haberse valido del cargo para patrocinar la exportación de gas ante Perú-Petro, la agencia estatal encargada de firmar los contratos de hidrocarburos por el Estado. Según el informe, su acción está tipificada como cohecho activo transnacional en el artículo 397 del Código Penal, que castiga con pena privativa de la libertad no menor a cinco años a funcionarios que pidan a otros omitir sus funciones. Esta conclusión se basaría en las declaraciones del ex presidente de Perú-Petro Antonio Cueto, quien habría dicho que la decisión de suscribir el contrato de licencia del lote 56 para la exportación de gas fue "una directiva del ministro del sector": Jaime Quijandría.