Ante la necesidad de retomar la reforma del Estado, debemos saludar el notable avance, en la Comisión de Descentralización del Congreso, sobre gran parte del proyecto de ley de ordenamiento público. Pero, ante lo ajustado de los plazos, tenemos que enfatizar nuestra preocupación por el trato que se está dando a ciertos temas delicados, en los que se pretendería revivir obsoletas y absurdas exigencias enmarcadas en el concepto de la estabilidad laboral. Se ha informado de la oposición de ciertos representantes sindicales a que los trabajadores sean evaluados periódicamente. Asimismo, mientras por un lado se pretende incluir a los sindicatos en la toma de decisiones y la evaluación de los trabajadores, del otro lado se quiere suprimir la tercerización y la capacidad de los organismos de reducir plazas. Hay que ser muy claros: el fin de la reforma es reducir el tamaño del Estado para hacerlo menos oneroso y más eficiente. Ello implica instituir líneas de carrera que premien el mérito y la profesionalización, lo que no puede arriesgarse por la intolerancia de algunos grupos sindicales que solo quieren eternizar sus gollerías.