¿Será acaso que les estamos pidiendo demasiado? Quizá aquello de ponerse de acuerdo, de buscar consenso, de deponer intereses partidarios o lemas de consigna, de pensar cómo revertir nuestra frágil institucionalidad democrática y de dejar a un lado la mezquindad sean misiones imposibles para un Congreso como este. La de ayer fue una doble oportunidad perdida: estaba en juego la designación del defensor del Pueblo --una deuda que el Parlamento arrastra desde fines del 2000-- y el nombramiento del magistrado faltante del Tribunal Constitucional, una tarea pendiente desde diciembre del año pasado. Los prolegómenos no eran precisamente promisorios sobre la posibilidad de alcanzar los 80 votos necesarios en ambas votaciones y la realidad terminó dando la razón a los presagios: el país continúa con una defensoría interina y con un Tribunal Constitucional (TC) incompleto. Decidir qué votar primero fue el motivo inicial de desacuerdo --el Apra quería empezar de todas maneras por el magistrado del TC--, lo cual demandó una reunión de portavoces que al cabo de dos horas no llegó a nada. La brillante idea de someter el asunto a votación arrojó que 50 legisladores se pronunciasen a favor de proceder antes con la elección del defensor del Pueblo, mientras que 45 pedían ver antes el tema del TC. Fue entonces que Jorge del Castillo (Apra) se levantó de su escaño para decir que cuando el Gobierno tiene interés en algo, incluso acuden los parlamentarios que cumplen funciones en el Ejecutivo, y que la inasistencia de ellos y de otros más redundaría en que la elección "se convertiría en una muerte anunciada por falta de decisión política".