En abril de este año, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, concedió una entrevista a El Comercio para hablar del daño ambiental que sufren los bosques de Madre de Dios como consecuencia de la minería artesanal e informal. No se terminó de hacer la primera pregunta cuando Brack interrumpió diciendo: "No se le debe llamar minería informal o artesanal. Es minería ilegal, a secas".Brack comentó que una de las dificultades para controlar esta crisis radica en la diversidad de actores involucrados en el desarrollo de esta muy nociva y muy redituable actividad: las autoridades regionales y sus vistas gordas, los concesionarios mineros y sus equivocados criterios socioambientales, los organismos encargados de la vigilancia y su limitado presupuesto, etc. El problema, además, contiene dos aristas a tomar en cuenta: una de ellas es el vínculo particular de las comunidades nativas de Madre de Dios, primero como afectadas por la minería y ahora como partícipes de este sistema. La otra es la amenaza que esta actividad reviste para la Reserva Nacional de Tambopata.Estos dos últimos aspectos se fundieron en una ingrata sorpresa que se llevaron los inspectores de la Reserva Nacional de Tambopata a mediados del 2008, cuando realizaron una visita a la quebrada Palma Real Chico, incluida dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva. Lo más sorprendente no fue encontrar un motor de 20 caballos de fuerza y una manguera de succión en el lugar. Lo que más intrigó a los inspectores fue encontrar, en los alrededores de un rústico campamento, a Antonio Iviche, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), una organización bastante representativa para los indígenas de esta parte de la Amazonía. Iviche trabajaba junto con dos sujetos identificados como Ricardo Yojajeje Shanocua y César Augusto Yojajeje Ekiney.